Un proyecto de ley de casi 400 páginas promete transformar fundamentalmente el sistema migratorio de Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía y de Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), anunció que volverá a utilizar una versión de 2008. La agencia recibió miles de comentarios sobre el examen de de la administración de Trump, así como el decreto del presidente Joe Biden para restaurar la fe en el sistema de inmigración legal.
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En diciembre, la administración de Trump implementó su prueba de educación cívica revisada, que realizó cambios en el contenido de la prueba. Aumentó la cantidad de preguntas para que los solicitantes las estudiaran y actualizó la cantidad de preguntas, de ciudadanía en el censo, que los solicitantes tenían que responder correctamente.
El examen de naturalización es un paso crucial en el camino de un inmigrante hacía la ciudadanía estadounidense y puede afectar a cientos de miles de inmigrantes que buscan la ciudadanía actualmente. En ese momento, los expertos en inmigración advirtieron que podría ralentizar el proceso y disuadir a las personas de buscar beneficios de ciudadanía e inmigración legal.
Fuente: eltiempo.com
En el transcurso de su presidencia, Trump trató de restringir la inmigración legal e hizo más estricta la ciudadanía, provocando el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Muchos comentarios sobre la prueba de la era Trump señalaron que hubo poco aviso previo antes de su implementación, lo que generó preocupaciones sobre el tiempo limitado para el estudio y la preparación de materiales y recursos de capacitación, según la alerta de política de USCIS.
La actualización entrará en vigor el 1 de marzo y habrá un breve período durante el cual la agencia puede ofrecer ambas versiones de la prueba para adaptarse a los solicitantes que ya estaban estudiando para la versión de la era Trump.
USCIS, una parte del Departamento de Seguridad Nacional, estuvo en el centro de varias de las políticas de inmigración de línea dura de la administración de Trump, incluidas las que dificultaron enormemente a los migrantes buscar asilo en EE.UU. y la controvertida regla de carga pública, que hace que sea más difícil para los inmigrantes obtener un estatus legal si utilizan los beneficios públicos.
Un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados bajo la legislación, aquellos sin estatus legal que residen en EEUU desde antes del 1 de enero de este año, podrían solicitar un alto temporal a su deportación y su residencia temporal que podría volverse permanente (también llamada green card) al cabo de cinco años.
A partir de allí, en tres años podría iniciarse el proceso para naturalizarse como estadounidense si así lo desearan. Los solicitantes deberán ser sometidos a chequeos de antecedentes penales, pagar impuestos y completar otros requerimientos básicos.
En EEUU hay, al menos 10,5 millones de indocumentados, según una estimación hecha en 2017 por el Centro Pew de investigaciones. Este número representa el 23% de la población que reside en el país.
Reforma del sistema de inmigración familiar
La propuesta de ley también aborda una reforma del sistema de inmigración para las familias, al "eliminar tiempos de espera largos, despejar la saturación de casos por atender" y al incrementar los cupos disponibles para familias según su país de origen. Lo que aliviaría el sufrimiento de los miles de niños que deben vivir separados de sus padres como ya os comentamos en un post anterior.
En este marco, contemplarán también que los inmigrantes cuyas peticiones de familiares hayan sido aprobadas puedan reunificarse con sus familiares en Estados Unidos de manera temporal mientras esperan a la emisión de sus residencias permanentes.
El proyecto de ley también incluye provisiones para eliminar la discriminación hacia familias LGBTQ+ y a inmigrantes según sus creencias religiosas.
Aumentan los visados de trabajo
El proyecto de ley contempla un aumento anual de emisión de visados de empleo de 140.000 a 170.000, y aumenta de 55.000 a 80.000 el número de visados de diversidad (que se sortean entre personas de países cuya tasa de migración a EE.UU. es baja). Establece también una serie de protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncien explotación al requerir el establecimiento de una comisión gubernamental, que incluya a organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores.
Enfoque diferente en cuanto a seguridad fronteriza
En lugar de contemplar el aumento de efectivos fronterizos o la construcción de más vallas, plantea el "despliegue de tecnología que expedite el chequeo y la capacidad de identificar narcóticos y otro tipo de contrabando" especialmente en puertos de entrada.
Una mejora en la infraestructura en dichos puertos también forma parte del plan, con el fin de "mejorar la capacidad para procesar a solicitantes de asilo" y prevenir la entrada de narcóticos al país. Aunque la movida es bien vista por grupos de activismo y diversas organizaciones, este podría ser uno de los puntos más discutidos por los legisladores, indican expertos.
Inversión en Centro América y las “causas raíz” de la inmigración desde la región
Durante la campaña, Biden prometió destinar US$4.000 millones a lo largo de cuatro años para "abordar las causas subyacentes" que llevan a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a "huir de sus países".
Este plan funcionará bajo la condición de que dichos países reduzcan: la corrupción endémica, la violencia y la pobreza. El plan de legislación del nuevo gobierno promete la creación de "canales legales y seguros" para los solicitantes de asilo y refugiados mediante el establecimiento de centros de procesamiento para registrar y procesar a desplazados.
Biden ha prometido deshacer las acciones ejecutivas que Donald Trump puso en práctica en la frontera, pidió en días recientes a los inmigrantes que no se aventuren hacia el norte porque las políticas no cambiarán inmediatamente.
Otro de los aspectos del proyecto de ley es la eliminación del tiempo límite de un año para introducir solicitudes de asilo en el país, así como el aumento de visados de 10.000 a 30.000, para víctimas de crímenes que violan leyes de EE.UU. Estas declaraciones llegaron a propósito de una caravana, conformada en su mayoría por hondureños, que fue duramente reprimida mientras atravesaba Guatemala en ruta hacia Estados Unidos.
El gobierno tendrá que manejar un balance delicado entre sostener y defender el sistema de asilo sin enviar un mensaje de que la frontera está abierta, porque en eso no consiste la ley de asilo", dice la analista Julia Gelatt, del MPI. Este proyecto de ley requiere de 60 votos del Senado, donde el Partido Demócrata cuenta con 50 de los 100 escaños y el voto de desempate de la vicepresidenta Harris.
¿Llegará a ser aceptada la nueva ley propuesta por Biden? ¿Qué pensáis vosotros al respecto?
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