El pasado 6 de marzo por la noche, nueve personas aparecieron baleadas tiradas en la localidad hondureña de El Portillo de la Mora, de las cuales tan solo una ha sobrevivido a las balas. Según dclaró la policía, unos delincuentes emboscaron y ejecutaron a las víctimas en la novena masacre del año 2023 en Honduras. L apresidenta Xiomara Castro arremetió contra la Secretaría de Seguridad tras este noveno incidente, escribiendo en Twitter: "Todo lo que me han solicitado se lo he resuelto. Control Nacional de los Centros Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, Estado de excepción y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional... No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios".
El Salvador y Honduras comparten tanto frontera como desafíos a la hora de hacer frente a este y otros actos criminales. En este sentido, ambos países muestran una de las mayores tasas de asesinatos en el mundo y sus habitantes padecen de una inseguridad que se ha vuelto endémica. A esto se le añade el denominado “modelo Bukele” empleado en la lucha contra el crimen organizado. Los sistemas de seguridad en el país hondureño han prorrogado hasta en dos ocasiones el estado de excepción, lo que ha provocado que las Naciones Unidas le llamaran la atención el pasado mes de febrero por su uso prolongado.
El estado de excepción promulgado en Honduras estará vigente hasta el próximo 20 de abril. En total, abarca 235 de los 298 municipios del país, incluyendo ciudades como la capital (Tegucigalpa) o San Pedro Sula. El problema, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, es que dicho estado de excepción suspende derechos constitucionales básicos de los ciudadanos hondureños como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio.
Según las declaraciones del analista e investigador social Leonardo Pineda a BBC Mundo, “la reducción de homicidios y extorsiones que reporta el gobierno salvadoreño ha hecho que gobiernos como el de Honduras traten de imitar a Bukele". El riesgo, como apuntaba la WOLA, de la normalización de dicho método es que emplea la fuerza pública y limita los derechos de los ciudadanos. No obstante, Sosa declara que “En estas poblaciones con hastío de violencia, el modelo de Bukele genera simpatías y puede volverse en una tendencia que los políticos se entusiasmen en aplicarlo”.
Los analistas hondureños apuntan a las diferencias existentes sobre cómo se aplica el método Bukele en Honduras y El Salvador. En este sentido, Sosa opina que las prórrogas reiteradas del estado de excepción en Honduras son un síntoma de que la violencia está aún fuera de control y percibe un intento de equilibrar el mantenimiento de dichos estados respecto al respeto de los derechos humanos, a lo cual añade que el caso de Honduras “No está siendo una tierra arrasada por la policía en colonias y casas como en El Salvador”.
A pesar de esta percepción, algunos medios del país han reportado las presuntas detenciones arbitrarias e irregularidades que se están llevando a cabo en los procedimientos judiciales. En este sentido, Pineda advierte que muchas de las medidas implementadas parecen “más propaganda que acción” y que varias comunidades no han sentido ningún efecto. Antes bien, denuncia que “La extorsión no ha parado, con excepción de algunas comunidades en las que aparentemente las mismas maras han decidido parar para no calentar más los territorios".
Tanto Pineda como Sosa apuntan que la policía es más "débil" al no contar con un apoyo tan abierto del ejército como occurre en el vecino país de El Salvador.
La directora en Wola para Centroamérica, Ana María Méndez-Dardón, recuerda que “limitar derechos constitucionales supone un riesgo enorme de que ocurran violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y se cometan abusos de autoridad” entre las críticas hacia las medidas de Bukele. Apunta, asímismo, hacia el hecho de que no se resuelva el hacinamiento en las cárceles de El Salvador, ni siquiera tras la construcción reciente de una mega cárcel en el país. Por otro lado, Sosa menciona que estas medidas deben combinarse en Honduras con “la disminución de la desigualdad, la pobreza y la recomposición de las instituciones para cortar el crimen organizado a altísimo nivel”.