El gobierno de Izquierdas, Ciudadanos y PNV dan su apoyo para que España sea el sexto país que regule el derecho a una muerte digna.
Se dice que todo empezó a mediados de los años noventa en una aldea gallega, donde a causa de un accidente, un hombre tetrapléjico quedó atrapado en la cama, sin poder usar las manos, escribía manifiestos con la boca, se llamaba Ramón San Pedro y rompió lo que se consideraba tabú en España. Su caso llegó a los tribunales y también al cine donde se hizo de su historia una fábula universal.
Dio la casualidad que el primero que intervino en el debate era gallego, Nestor Grego, el único diputado de la BNG, donde habló del final que tuvo Ramón San Pedro. Los demás diputados le siguieron recordando otros casos parecidos como los de María José Carrasco o Maribel Tellaetxe o el del doctor Luis Montes, al que la Comunidad de Madrid acusó en 2005 de provocar la muerte de 73 pacientes terminales en el hospital de Leganés, un caso que los tribunales acabaron desestimando.
El anterior intento de aprobar esta ley, siendo este el quinto, fue hace tres años, lo promovió Unidas Podemos pero los socialistas lo rechazaron, ahora han sido los impulsores y los que han negociado con los demás grupos a través de la ex ministra de sanidad, María Luisa Carcedo. Han sido varios los parlamentarios que han recordado que la legislación llega “tarde” para muchos enfermos, que durante años han muerto sin poder acogerse a ayuda médica para acabar con sus vidas.
El PP y Vox han reiterado sus argumentos en contra de una ley “diseñada, no para casos excepcionales”, sino como “un efecto llamada para las personas más vulnerables”, según el popular José Ignacio Echaniz. Mientras que Lourdes Méndez, de Vox, ha acusado directamente a los proponentes de “implantar la cultura del descarte y la muerte”. La ultraderecha ha anunciado, además, que recurrirá la norma ante el Constitucional. Y los obispos han pedido a los españoles que suscriban testamentos vitales donde muestren su rechazo a que se les aplique la eutanasia.
Procedimientos
La norma contempla además que los médicos puedan acogerse a la objeción de conciencia, si bien también deja claro que "el acceso" no podrá resultar "menoscabado" por ello. Y es que la ayuda a morir se prestará en centros sanitarios, tanto públicos como privados, o en el domicilio del enfermo. Podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico, grave, que afecte a su autonomía y afecte a su autonomía y le genere un sufrimiento psíquico, físico intolerable.
Deberán presentar su solicitud por escrito y tras dos procesos deliberativos y si cumplen con los requisitos, recibirán la ayuda de morir en torno a 35 días después.
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